Chile: Retroceso histórico en los derechos sexuales y reproductivos.
La iglesia católica, los políticos conservadores y los jueces se confabulan en una avanzada fundamentalista

En un proceso legal que se extiende desde el año 2007, el Tribunal Constitucional de Chile ya decidió sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado por parlamentarios autodenominados “por la vida”, en contra de
las Normas Nacionales de Regulación de la Fertilidad por, supuestamente, atentar contra el derecho a la vida protegido constitucionalmente en el país. Aunque aún no se oficializa el fallo, trascendió que se habría acogido en su totalidad dicho recurso.

Esta normativa, preparada por profesionales del Ministerio de la Salud y organizaciones de la sociedad civil, es una respuesta de alta calidad técnica, científica y ética que, respetando los estándares internacionales,
aborda las urgentes necesidades de las personas en salud sexual y reproductiva. Sin embargo, y desoyendo toda la evidencia científica mundial y desconociendo asimismo los derechos humanos universales, el Tribunal
acogió la demanda y aceptó el requerimiento en su totalidad. Lo que afecta la distribución del dispositivo intrauterino T de Cobre, píldoras anticonceptivas combinadas que contengan levonorgestrel y un estrógeno (es decir, todas las que se entregan en los consultorios públicos) y anticoncepción de emergencia.

Asimismo, afecta a los servicios de anticoncepción y consejería a jóvenes mayores de 14 años sin consentimiento de sus padres/madres, es decir, con respeto a la confidencialidad, lo que se consideraba un tremendo avance en términos de acoger a las y los jóvenes en todas sus especificidades.

El contenido del fallo (que fue dividido) solo se conocerá oficialmente el 22 de abril próximo, pero ya ha provocado la indignación ciudadana por cuanto el Tribunal es un organismo superior sobre el cual no es posible
apelar; porque es un bastión del conservadurismo que fuera reinstalado durante la dictadura de Pinochet; y porque es inadmisible que tenga potestad para inmiscuirse en las decisiones privadas e íntimas de las personas.

Nefastas consecuencias

Al respecto, ha circulado en los últimos días un estudio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile que señala, al respecto, que como consecuencia del fallo en el país ³se abortarán 2,2 niños por cada nacido,
adicionalmente a las cifras actuales… Los abortos clandestinos anuales superarían a los nacimientos en nuestro país si es que el Tribunal Constitucional resuelve a favor del requerimiento de inconstitucionalidad
interpuesto … Y es que en Chile un tercio de las mujeres en edad fértil de entre 15 y 49 años usan métodos de planificación familiar, ya sean hormonales o dispositivo intrauterino, un total de 3.358.196 personas. La
restricción a las normativas actuales prohibiría su entrega o adquisición dado que están compuestos por levonorgestrel o moléculas derivadas de este, por lo que el primer impacto sería en el alza de natalidad, con un aumento promedio potencial de 150.000 nacidos vivos anuales; sin embargo, los abortos clandestinos llegarían a 275.000, cálculo basado en el estudio Presentation of pregnancy in high risk women. Community intervention in Chile in abortion in developing countries, OMS, 1999, investigación liderada por el doctor Ramiro Molina.

Y agrega, se colige que aumentarían las tasas de mortalidad infantil, neonatal, materna y por aborto, echando por tierra los esfuerzos e inversiones sanitarias realizados en materia de salud reproductiva en el
país durante los últimos 45 años. Asimismo, se elevarían a 56.000 las hospitalizaciones anuales en maternidades por complicaciones derivadas de abortos, lo que redundaría en un colapso del sistema hospitalario; y, aunque se absorbiera toda esta demanda, el aumento de la mortalidad materna por
esta causa crecería entre dos y cinco veces. Por otra parte, el fenómeno tendría un menor impacto en la población femenina de los quintiles superiores de ingreso, puesto que accederían a la adquisición de
anticonceptivos modernos por importación, compra en países vecinos o en el mercado negro, por lo que se generaría inequidad.

Ante esta dramática realidad, numerosas acciones han realizado las mujeres y hombres articulados en el Movimiento por la Defensa de la Anticoncepción, y se estudia una inmediata presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una vez que se conozca el fallo.